El año de los bosques

Según cifras de la Secretaría de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2006 fueron deforestadas más de dos millones de hectáreas de superficie de bosques nativos (un promedio de 250 mil por año).

Esta cifra alarmante fue el principal impulso para que en 2007 se aprobara la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley de Bosques. ¿Qué estipula la ley? Entre otras cosas, obliga a las empresas y a las provincias a realizar un estudio de impacto ambiental antes de realizar un desmonte; pone como requisito respetar a las poblaciones indígenas y campesinas sobre los bosques que utilizan o habitan; y prohíbe la quema al aire libre de residuos originados en el desmonte. Luego de que distintas organizaciones ambientales presionaran lo suficiente, la ley fue finalmente reglamentada en febrero de 2009. 

Ahora bien, la decisión de la ONU de elegir a 2011 como el Año Internacional de los Bosques es un buen disparador para preguntarnos en qué medida esta norma fue aplicada por las provincias.

Uno de los casos que mayor repercusión tuvo durante los últimos días es el de Salta, que reclamó oficialmente por la entrega de los fondos estipulados por la ley de bosques para su protección (1.800 millones de pesos para repartir entre las provincias). El miércoles pasado, el gobernador Juan Manuel Urtubey salió a defender públicamente la gestión forestal: “Salta es la provincia que hasta ahora más ha utilizado esos fondos. Creo que es un dato alentador, aunque sería mucho mejor que hubiese mucha más plata para ese trabajo de preservación”, aseguró.

Una de las empresas beneficiadas con este reparto de fondos fue El Tabacal, también de Salta, que pidió un crédito para realizar una supuesta restauración forestal. Sin embargo, las dudas se plantaron al conocerse que nadie ejerce un control sobre el proceder de la empresa. Ante esta situación, el presidente de El Tabacal, Hugo Rossi, declaró que desconoce del tema, según informó el portal Nuevo Diario, de Salta.

Distinto es el caso de La Pampa, donde el conflicto estuvo vinculado con los derechos de pueblos originarios. Las comunidades ranqueles, una población indígena que habita en esta provincia, reclamaron esta semana ante la Cámara de Diputados que se consideren sus derechos a la hora de implementar la ley. Exigen especialmente que se tengan en cuenta sus tradiciones a la hora de practicar desmontes en la zona donde habitan, ya que allí se ubica el Caldén, un árbol sagrado para ellos.

La reglamentación de la Ley de Bosques fue un gran salto a favor de la protección forestal, sin embargo, aún queda mucha tela para cortar si se quiere priorizar definitivamente el sustento ambiental por sobre los intereses económicos.

MA.